Un nuevo tipo de abuso bancario con las hipotecas es denunciado por el Tribunal Supremo.

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Otro abuso bancario ha sido denunciado oficialmente que se vincula a las hipotecas. Este se produce cuando a la muerte del hipotecado no se puede solventar en directo con el Supremo, como se hacen con los procesos de las cláusulas suelo o las preferentes.

Fue así, el martes pasado en la Cumbre Española de la Confianza, expuesto por el señor Francisco Marín Castán, presidente de la Sala Civil del Alto Tribunal. Según lo explicado por el presidente de la Sala, los casos vienen dados por entidades financieras que luego de exigir un seguro de vida para otorgar hipotecas, se desentienden de este cuando fallece. Y agilizan la ejecución hipotecaria para requerir la propiedad, sin dar tiempo a los herederos para cobrar el seguro dado y continuar realizando los pagos.

Debido a un encuentro con magistrados de Audiencias Provinciales de España, y por fuentes del Supremo es que la Sala Civil ha llegado a conocer esta práctica. Y estas mismas fuentes llegaron a transmitir la preocupación de la injusticia de estas situaciones, que además se hacían complicadas de impedir.

Junto a los ministros Íñigo Méndez de Vigo y Rafael Catalá, el señor Francisco, consideraba que para frenar estas situaciones era imprescindible una reforma legislativa. Siendo el Gobierno quien posee una reforma hipotecaria oriunda de otros abusos bancarios.

Y mientras la reforma legal sea implementada, pues se hace difícil favorecer a los usuarios con una solución judicial. Además el conflicto fundamental es que la ley reúne una lista tasada de las causas que pueden evitar la ejecución hipotecaria, pero no existe entre ellas la de posibilitar enfrentar los pagos mediante un seguro. Y llegado a este punto, pues existe una resistencia de los jueces de fallar en contra de los bancos, y así alejarse de la letra de la norma. Resumiendo, en que no saben qué hacer, según Marín Castán.

A todo esto, agregar, que las ejecuciones hipotecarias no se consideran una materia recurrible ante el Tribunal Supremo, por tanto no está en sus manos brindar una cobertura jurisprudencial a los jueces para que estas prácticas sean impedidas. Reclamando, Francisco Marín, la reforma legal.

En el mencionado encuentro se llegaron a consultar varios problemas jurídicos pese a los conflictos, que le facilitarían impedir las hechos a los jueces.

El Alto Tribunal le puso fin a una variante de esa práctica, que si fue llevada al Supremo. Se refiere, a los casos en los que se contrata el seguro de amortización, garantizando el cobro de los pagos aplazados por fallecimiento o invalidez del hipotecado al banco. Siendo, la propia entidad, el remunerado del seguro. En estos casos, se presumía que la familia se presentaba en la aseguradora, al ocurrir el fallecimiento, para exigir que esta asumiera los pagos; pero lo que se le comunicaba era que la entidad financiera debía ser quien reclamara, ya que era la favorecida.

Al final, la reclamación de la entidad a la aseguradora no se establecía, y se continuaba precisando las cuotas de la hipoteca a los herederos, que en caso de no pagar pues se le aplicaba la ejecución hipotecaria.

Por la relación entre la entidad financiera y la aseguradora, hay fuentes jurídicas que señalan, que esto puede ser un incentivo de las entidades para actuar así. Saliendo beneficiadas ambas con el actual sistema, ya que una de ella no afronta ningún desembolso y la otra recupera la propiedad o continua cobrando.

Ejemplo de lo antes mencionado, es el caso de una hipoteca de 180.000 euros que había sido firmada por una mujer con la Caixa Rural d´Algemesí, y con la Rural Vida un seguro de amortización. Siendo ambas entidades del mismo grupo empresarial, y firmándose en la misma fecha y en la propia sucursal de la entidad la hipoteca y el seguro.

La declaración de incapacidad permanente absoluta a la compañera, y la inactividad de la caja que activaba el seguro, la hizo dirigirse a la aseguradora para que lo hiciera. A lo que le respondieron que no estaba legitimada para solicitarlo, ya que no era ella, si no la caja, la beneficiaria del seguro, así fue ratificado por el juez de primera instancia y la Audiencia de Valencia.

Al dictarse la sentencia del Supremo, donde el propio presidente de la Sala Civil fue ponente, quedó establecido que en estos casos tanto el afectado o los herederos, sí son considerados legítimamente para activar el seguro. Concluyendo el Supremo, que ¨Entenderlo de otra forma equivale a poder dejar inermes al asegurado o a su familia a un trance especialmente difícil que el asegurado quería evitar mediante el seguro¨

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