Prestezas en el cierre reforma del impuesto de plusvalía.

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El pasado mes de mayo el Tribunal Constitucional declaro contrario a la Carta Magna algunos artículos de la Ley de Hacienda. La erradicación de la reforma del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, más conocido popularmente como plusvalía municipal, paso a ser una de las pendientes más importantes por llevar a cabo el Ministro de Haciendas Cristóbal Montoro. Para ello se reunirán mañana martes el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias, para poner fin a esta reforma.

El alto tribunal defendió a los miles de contribuyente que han estado recriminados por esta reforma donde no existiendo beneficios o plusvalía en transacciones inmobiliarias han sido impostados por los ayuntamientos.  La  baja de los precios inmobiliarios en el mercado, durante más de cinco años, ha ocasionado que muchas transacciones estén cerrando  por precios inferiores a los de la adquisición del inmueble,  motivo por el cual muchos ciudadanos han acudido a los tribunales para defender que tributar por plusvalía en estos casos contradice el espíritu del propio impuesto. Las últimas cifras oficiales calculan que la depreciación de las casa acumulan más del 22% de la media, respecto a los máximos alcanzados al 2008.

Luego del respaldo constitucional, el Ministerio de Haciendas se comprometió a realizar modificaciones en la legislación y aclarara dos cuestiones importantes que no tuvo presente el alto tribunal: como demostrar que no se ha producido un incremento de valor y, a partir de qué fecha comienza a operar la aplicación del nuevo tributo.

Los cálculos realizados por el Ministerio de Hacienda para probar la inexistencia de plusvalía estaría dado entre la diferencia de valores reales de transmisión y adquisición, aportando los títulos que documenten la transmisión, o sea, las escrituras de compraventa; o bien, en su caso, los valores comprobados por la Administración tributaria correspondiente.

El Ministerio de Hacienda tendrá como referencia los valores declarados en el impuesto de sucesiones y donaciones, para los casos de herencias o donde no se produce transmisión o venta alguna. Se modifican los coeficientes que se aplicaban sobre el valor catastral de los terrenos en función del número de años en los que se hubiera generado el incremento de valor. Los nuevos cálculos se realizaran anuales hasta 20 años. También está previsto, como había solicitado la FEMP, gravar las transmisiones efectuadas con un lapso de tiempo inferior al año, que hasta el momento no se realizaban.

Está previsto que el proyecto de ley de reforma de la Ley de Hacienda entre en vigor al día siguiente,  luego de su publicación en el BOE. En el caso de exención de tributar por plusvalía, en caso que no exista incremento de valor, saldrá con fecha del pasado 15 de junio del presente año, fecha en la que se publicó la sentencia del Constitucional en el BOE.

Las cuestiones que sin dudas estarán mañana sobre la mesa son la situación de las compraventas anteriores a la fecha y la compensación de los ayuntamientos por la pérdida recaudatoria que sufrirán. Fuentes de la FEMP explican que es urgente que se determine como deben actuar los ayuntamientos, ya que van ganando en números los recursos y los contribuyentes que optan por acudir a los tribunales. Además que continuaran exigiendo una compensación por las pérdidas recaudatorias, pese a no poder estimarlas.

 

Tras estos retoques parciales, los expertos esperan que Hacienda aborde la reforma global que está mal diseñado y lo integre en el nuevo sistema de financiación autonómica

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