Los Cárteles se Enfrentan a Nacientes Armas.

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Los Cárteles

En España se ha acogido la reciente normativa europea para ayudar a los perjudicados de los cárteles, o de cualquier recurso anticompetitivo, para denunciar la remuneración por daños y perjuicios ante la autoridad civil.

La estrategia del juego se ha transformado enseguida que se empezó a aplicar la directiva de perjuicios. Pues aumenta a 5 años el período que se tiene para denunciar lo daños, y no solo a uno, como se consideraba en el Derecho civil de responsabilidad extra contractual.

Además, se logró excluir los impedimentos antiguos a la litigación de los dañados a través del otorgamiento a la persona dañada de la potestad para indagar en los registros internos de la compañía y así argumentar su denuncia, o a través de presunción del perjuicio si consta el cártel o de la implantación de un compromiso mutuo de los causantes. O sea, que para cualquier recurso anticompetitivo se ha facilitado en gran medida los procedimientos para establecer la denuncia de remuneraciones tanto de compradores como de consumidores directa e indirectamente.

Esta normativa trae consigo el incremento de las reclamaciones y con ello más faena para los bufetes de abogados. Asimismo, se verá acrecentada las perspectivas de negocio industrial y empresarialmente de las asociaciones legales que respaldan a compañías que han obtenido patrimonios y servicios por no cumplir con las reglas antitrust, gracias a la “aplicación privada de la normativa de competencia”.

Con esta nueva normativa es recalcable que se asoman dos vías de oportunidades que difieren entre sí, una es la litigación en multitud, con la ganancia de que el número de perjudicados con posibles resultados exitosos aumenta, y la contraparte sería una litigación comercial, que envuelve a menos elementos procesales, aunque incrementa la suma de dinero en cada litigio.

Actualmente en el entorno de estos acontecimientos, España a devenido el caso del cártel de camiones. Con la disyuntiva: “¿Ha comprado un camión entre los años 1997 y 2011?” están en la captura de todos los dañados, ya sean propietarios o transportistas, que estuvieron involucrados en el más reciente alboroto en los cárteles en Europa. Que implicó una sanción de 3.800 millones de euros a las empresas implicadas por parte de la Comisión Europea. Según señala el abogado Pedro Callol, “el cártel de los camiones ha originado un número potencialmente elevado de damnificados, todos aquellos —desde compañías familiares hasta grandes empresas multinacionales (pensemos, por ejemplo, en la flota de compañías como Coca-Cola)—, que han comprado camiones en ese periodo. Las cifras son apabullantes: se calcula que, solo en España, existen 200.000 vehículos afectados por el sobrecoste. “

Y no será este el único suceso que tendrá grandes repercusiones, el auge de la nueva normativa de perjuicios traerá consigo un aumento de litigios judiciales, de los que nos mantendrá alertas a los dictámenes que aplicarán los tribunales en España.

Por otra parte, Begoña Barrantes, asociada sénior de Clifford Chance, apunta que, “si bien se ha observado una mayor actividad en este ámbito, la aplicación privada del derecho de competencia aún no ha desplegado todo su potencial en nuestro país. Los principales asuntos, son los llamados follow-on, es decir, reclamaciones consecuencia de infracciones ya declaradas por la autoridad de competencia, siendo más limitadas las llamadas reclamaciones independientes o stand-alone. Las acciones civiles podrían ascender a cifras significativas, dependiendo del daño causado que se consiga acreditar, aunque, en la práctica aún están lejos de las multimillonarias sanciones administrativas que imponen la Comisión Europea o las autoridades nacionales de competencia.”

Hace poco la CNMC, el regulador de España, ha anunciado cinco cárteles de productores de cable eléctrico para la edificación de hogares, hospitales, uso doméstico, telefonía y otras. Asimismo, para principios de año el regulador castigaba a diversas compañías de servicios fotográficos por fijar los precios de las orlas de los estudiantes de algunas universidades en más de 15 años. Para este caso los dañados pueden no proceder con la reclamación ya que les llega a ser factible con el diminuto valor de la reclamación y el coste agregado de la tasación pericial. Lo que si necesitan de bufetes que tengan la disposición y capacidad de querer ocuparse de estas disputas de mínima valía.

Además de las reclamaciones beneficiadas, ejemplificadas anteriormente, se suma la de entre entidades por conductas anticompetitivas. En estos casos los clientes disponen de recursos necesarios exponer y sustentar pleitos.

Al mismo tiempo se ha analizado trasladar las denuncias de las compañías damnificadas por los cárteles a otros estados pertenecientes a la Unión Europea con procesos judiciales más y mejor ordenados y preparados en casos como estos. Tal ha sido así, que se ha admitido la oportunidad de denunciar, para los cárteles internacionales, antes una autoridad apropiada en la que algún miembro del cártel sea residente, las regularmente barajadas son Holanda, Alemania y Reino Unido.

La cantidad de procesos por daños por un cártel vendrían siendo el fundamento perfecto para las operaciones colectivas, que hasta el momento no están reguladas en España. En España únicamente es admitido las denuncias colectivas contra las agrupaciones de consumidores, muy distinto al sistema judicial americano, donde son más vistas en el ámbito de responsabilidad civil. Se propone, por Ciudadanos, que como respuesta se intente impulsar las “acciones de clase”, aumentando la legalización a consumidores y usuarios que cumplan con requerimientos específicos.

Cualquier persona que haya sido perjudicada por los cárteles, esta en el derecho de recibir esta ayuda que ofrece el gobierno Español, si usted es una, y desea recibir esta ayuda y no sabe como, escribanos a través de nuestro chat online estamos en linea y listos para ayudarle.

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