EL TS otorga la autoridad a la Adminnistración de multar a los bancos por abuso sin necesidad de una sentencia.

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Un recurso a beneficio de sanciones por cláusulas abusivas de la Junta de Andalucía ha sido fijado en una doctrina legal por el Tribunal Supremo.

La doctrina plantea, por parte de la Sala de lo contencioso-administ­rativo del Supremo, que la Administración posee autoridad para penar el uso de cláusulas excesivas en los contratos con consumidores y usuarios sin obligación de una previa declaración judicial del orden civil sobre la abusividad de estas estipulaciones.
El Tribunal Supremo enjuició un recurso contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), este viernes, en beneficio de una ley presentada por la Junta de Andalucía. El recurso anulaba una multa de 81.000 euros por cuatro violaciones gravísimas asignadas por la Secretaría General de Consumo de Andalucía a Unicaja Banco por cláusulas abusivas en distintos contratos.
Según la agencia Europa Press, la jueza Pilar Teso, ponente de la sentencia, dictaminó que la doctrina por la que optó el Supremo andaluz es incorrecta y altamente perjudicial para el interés general, al juzgar, además, de una Ley andaluza, el Texto Refundido de la Ley general para la Defensa de los Consumidores.
Según el Tribunal Supremo de Andalucía es preciso una pre-declaración de un juzgado civil de que una cláusula es abusiva, no cuando se aplican penalidades administrativas apoyadas por la Ley Defensa de los Consumidores, que representan una infracción y se incluyen cláusulas excesivas en contratos como los préstamos hipotecarios o de aperturas de cuentas y libretas de ahorro.
El Supremo, asimismo, expresa que: ¨la doctrina que sienta la sentencia recurrida desapodera a la Administración de la potestad sancionadora en la materia de consumidores y usuarios, concretamente en una actividad tan sensible como la introducción de cláusulas abusivas. Es decir, cuando la sentencia remite, para la fijación del carácter abusivo de las clausulas, a una previa declaración de la jurisdicción civil, se está bloqueando la aplicación del catálogo de infracciones que describe el texto refundido Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, además de la ley andaluza citada.¨ Además, de que ¨La ley General para la Defensa de los Consumidores no impone esa suerte de prejudicialidad civil que se infiere de la sentencia recurrida, para el ejercicio de la potestad sancionadora, toda vez que el ilícito administrativo que castiga, la introducción de cláusulas abusivas, es título suficiente para ejercer la potestad sancionadora¨.
Los jueces agregan, que todo lo anterior sin desventaja de que al ¨ser natural, la sanción impuesta pueda ser luego impugnada ante la orden jurisdiccional contencioso-administ­rativo, que será el que se pronuncie sobre la legalidad de la sanción y por ello sobre el carácter abusivo de la cláusula, exclusivamente en esos efectos sancionadores¨.
El Tribunal recalca que el juez civil no tiene atribuciones para ejercer la potestad sancionadora sobre la directiva europea en las cláusulas excesivas en los contratos efectuados con consumidores.
¨En interés de la ley¨, recurso que fue utilizado por la Junta, y según menciona la sentencia, posee como objetivo final el impedimento de que resoluciones judiciales que emitan una doctrina incorrecta y altamente perjudicial para el interés general, se afirmen y reincidan en situaciones idénticas o similares.
En conclusión, el Tribunal Supremo, insiste que la doctrina legal fijada por el Alto Tribunal es la que relaciona a todos los jueces y tribunales menores en el orden contencioso-administ­rativo.

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