Actitud de la Justicia antes la anulación de la plusvalía municipal.

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anulación de la plusvalía municipal

Actitud de la Justicia antes la anulación de la plusvalía municipal.

Con o sin aumento del valor.

Según publicaciones del diario Expansión, el Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Barcelona ha determinado la anulación de la plusvalía municipal a pesar de que hubo incremento de valor, lo que quedó aclarado en un informe pericial. Esta decisión viene dada ya que el Gobierno aún no ha reformado el impuesto como requería la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional de mayo de 2017 en la cual se anulaba el pago del impuesto cuando no hay incremento de valor.

En dicho caso la jueza desecha la argumentación de la Diputación de Barcelona, que exigía suspender el impuesto y esperar a que haya una nueva ley, pronunciándose a favor del reclamante. Recuerda que el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado sobre la forma de determinar si ha habido o no incremento, ya que ha considerado que esta tarea le compete al legislador. Al término de la sentencia, el legislador estatal todavía no ha actuado, a diferencia del foral, que sí que se ha adaptado a la primera sentencia que anuló el impuesto el pasado 17 de febrero si no hay incremento de valor. Las Diputaciones de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava aprobaron sus respectivas reformas del impuesto entre marzo y junio.

Además, la jueza esclarece que en este caso la suspensión no está prevista ni en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ni en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Tampoco cree que se dé su competencia determinar el valor del terreno y cita una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña que, siguiendo jurisprudencia constitucional, se mostró contraria a:

 “una eventual reconstrucción normativa de los preceptos de aplicación mediante el libre arbitrio del aplicador o de los órganos jurisdiccionales por vía interpretativa”. No le parece pertinente hacerlo “en revisión de actuaciones tributarias para la determinación de los supuestos en los que nacería la obligación tributaria y, a su vez, para la elección en cada caso concreto del modo de llevar a cabo la determinación del eventual incremento o decremento de valor de los terrenos transmitidos”. Lo estima “contrario […] no sólo al principio constitucional de seguridad jurídica […] sino también al principio constitucional de reserva de ley en materia tributaria”.

Salvador Balcells (ocio de Manubens) expresa que esta decisión “abre la vía a que contribuyentes que han obtenido beneficio recurran la liquidación del impuesto mientras la reforma del tributo no esté en vigor”.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha pedido al Gobierno que reforme la plusvalía municipal con premura y que se les compense. En el mes de junio pasado, la FEMP sugirió dos propuestas:

1- Convertir la plusvalía en un impuesto a cuenta como la Renta, la más conveniente y valorada por los fiscalistas y por la propia FEMP, ya que se trasladaría el coste del cambio al Estado.

2- La creación de unos coeficientes de variación del mercado inmobiliario que se incorporarían a la base imponible, sistema en el que el contribuyente deberá avalar que no ha habido plusvalía, por la que se ha decantado el Ministerio de Hacienda, en medio del descontento de los ayuntamientos del cambio, liderados por Madrid y Barcelona. Esta opción ya ha sido llevada a un borrador que el Fisco ha remitido a los grupos parlamentarios. Con este modelo, Hacienda ha calculado que Madrid y Barcelona dejarán de ingresar cerca de 121 millones y 37 millones de euros al año respectivamente.

La reforma de la plusvalía municipal tiene retrasos acumulados tras la sentencia emitida por el TC que anuló el impuesto desde mayo pasado, fallo que era predecible y que vino antecedido de un conjunto de sentencias en las que se favorecían a los contribuyentes de varios TSJ y que concluirá con la anulación de la plusvalía municipal.

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